Chile celebrará este 21 de noviembre la primera vuelta de las presidenciales para elegir al sucesor del derechista Sebastián Piñera, dos años después del “estallido social” que proclamó agotado un modelo de estabilidad política de tres décadas, detonó un cambio constitucional y, pandemia mediante, terminó transformando al país en un emblema de incertidumbre para el resto de la región.
Unos 15 millones de chilenos están llamados a votar este 21 de noviembre en la primera vuelta de las elecciones de las que surgirá el sucesor del presidente Sebastián Piñera en un escenario ideológico polarizado, mientras una Convención redacta una nueva Constitución y la economía acusa recibo del impacto de la pandemia y de las demandas de igualdad que animaron el estallido social de 2019.
En ese contexto, la elección de senadores (43) y diputados (155) será tan importante como la de presidente. Los últimos gobiernos, de coaliciones moderadas de centroizquierda y centroderecha, mostraron el poder del Congreso y los límites del actual sistema presidencial chileno vigente desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-91), sobre todo en la gestión de crisis como la actual.
La elección en mayo de los 155 miembros de la Convención que redactará y someterá a plebiscito una nueva Constitución en 2022 -para reemplazar la heredada del pinochetismo- reflejó un nuevo mapa electoral post estallido social: un tercio de los convencionales son independientes de izquierda y los partidos tradicionales que se alternaron coaligados en el poder desde 1991 se confirmaron como minorías.
Esa tendencia se confirmó en los comicios locales y regionales de mayo, que confirmaron un recambio generacional del electorado y sus demandas, procesadas ahora en la redacción de una nueva Constitución a través de un debate abierto que refleja como pocos lo incierto del futuro político que le espera a Chile.
A esta primera vuelta llegan mejor posicionadas para pasar al ballottage del 19 de diciembre dos opciones: el ultraderechista católico José Antonio Kast (55, Frente Social Cristiano), que aboga por el estricto restablecimiento del orden pre 2019, y el izquierdista Alejandro Boric (35, Apruebo Dignidad), quien promete asumir las reivindicaciones económicas y sociales igualitarias de aquellas protestas.
Más atrás, aparecen la candidata democristiana Yasna Provoste (51, Nuevo Pacto Social o ex Concertación), el conservador oficialista Sebastián Sichel (44, Chile Vamos), el izquierdista Marco Enríquez-Ominami (48, Progresistas), el comunista Eduarto Artés (70, Unión Patriótica) y el populista Franco Parisi (54, De la Gente).
Sin embargo, hay algunos datos complementarios a tomar en cuenta: por un lado, la cantidad de indecisos (más de 25%) supera al máximo de preferencias que obtienen en los sondeos tanto Kast como Boric; por el otro, las mismas encuestas resultaron poco fiables en los comicios para la Convención Constitucional. Finalmente, Kast se mostró muy errático en el último debate televisado de candidatos y la buena performance del oficialista Sichel lo reposicionó para disputar los votos de derecha.
La campaña mantuvo el clima agitado e incierto de los últimos dos años. Primero, con la conmemoración callejera del segundo aniversario del estallido social, con represión y violencia (dos muertos y cientos de detenidos). En 2019, las protestas dejaron 30 muertos, destrucción de estaciones de metro y edificios públicos.
Luego, se sumó el juicio político a Piñera (el segundo en la historia desde Carlos Ibáñez, en 1956), por ocultar la venta de una minera en su primer mandato, en 2010, aunque la oposición no obtuvo los dos tercios necesarios y el presidente resultó absuelto en el Senado (24 a 18), aunque se irá del poder como el mandatario más débil desde Salvador Allende (1970-73).
Por fin, se renovó hasta después de las elecciones el estado de excepción en las regiones sureñas de Araucanía (la de mayor pobreza, con 17,4%) y Bío Bío, con despliegue de fuerzas militares, por el activo conflicto con el pueblo mapuche.
De fondo, una macroeconomía alterada por la pandemia, con subas del gasto social y medidas como el retiro de aportes individuales a los fondos de pensión privados, ambas inusuales para el modelo capitalista chileno vigente durante treinta años, tan elogiado por su estabilidad como cuestionado por sus desigualdades.
Lo viejo y lo nuevo
El final del segundo mandato de Piñera marcará el final de la era política post dictadura en la que dos coaliciones moderadas, por izquierda y derecha, se alternaron en el poder sin alterar las bases del modelo neoliberal heredado del pinochetismo y con pocas reformas sobre su andamiaje constitucional.
Lo que cerró esa etapa histórica del Chile político, sin embargo, fue el radical cuestionamiento de un orden económico y social cuyos resultados en términos de desigualdad alimentaron con los años una olla a presión que detonó con el estallido social de 2019, con la chispa de un simple aumento del boleto del metro.
He aquí el contraste. El PIB por persona casi se triplicó entre 1990 y 2015 (el más alto de América Latina) y la desigualdad de ingresos se redujo y quedó por debajo de la media regional. Sin embargo, más del 80% de los jubilados reciben ingresos inferiores al salario mínimo (400 dólares). La revista The Economist, adalid del liberalismo económico, resume así el Chile de hoy: “Los que están en el poder a menudo parecen despreocupados por el abismo entre los ricos y los pobres”.
La emergencia inducida por la pandemia llevó al Congreso, contra la voluntad del gobierno de Piñera, a tratar de salvar esa grieta echando mano de una de las vacas sagradas del modelo que dio estabilidad económica al país: las pensiones privadas. Ya se aprobaron tres retiros de 10% cada uno de las cuentas de pensiones para aliviar los bolsillos de trabajadores y aportantes, y las fuerzas de izquierda proponen estatizar el sistema entero. Estos retiros -unos 37 mil millones de dólares en total- dejarán a tres millones de afiliados (casi la mitad) con sus cuentas en cero y reducirá hasta 30% el monto total futuro de las jubilaciones.
La derecha, en consonancia con el empresariado y la banca, advierte que este tipo de reformas mella la credibilidad conquistada por Chile en los últimos 30 años, en los que su economía, sin embargo, no dejó de depender de las exportaciones de cobre (es el principal productor mundial). Por ahora, el país mantiene la calificación crediticia más alta de América Latina y atrae más inversión extranjera directa en relación al PIB que Brasil y México.
El peso chileno fue la tercera moneda que más se devaluó frente al dólar en el año (13,6%) y la inflación, en consonancia con la suba de precios en todo el mundo sin importar la estabilidad de las economías nacionales, alcanzó un récord de 6% anual en octubre. Aún así, se estima que la economía rebotará hasta 11% en 2021.
Pero esa recuperación se verá afectada, según los economistas liberales, cuando medidas como el retiro de pensiones y el aumento del gasto público recorten el crédito a largo plazo que caracterizó a Chile desde los 90. De hecho, desde el estallido social la fuga de capitales superó los USD 50 mil millones y el Banco Central aplicó en octubre la mayor suba de tasas en 20 años (1,50% a 275%).
Piñera destinó casi 10% del PIB (USD 20.000 millones) en ayudas, aunque la menor parte a los más afectados por la crisis. En mayo, anunció la universalización durante un trimestre del Ingreso Familiar de Emergencias, que llegaría a 13,5 de los 19 millones de habitantes con USD 143 mensuales (línea de pobreza).
Tras las elecciones para convencionales, donde los independientes de izquierda y otras opciones menos tradicionales avanzaron cosechando las demandas del estallido social, las elecciones generales ofrecerán un test más concentrado en las propuestas de candidatos sobre cómo conducir el país, básicamente si seguir adelante -y cómo- con los cambios o intentar una marcha atrás difícil de imaginar.
Derecha e izquierda
En las urnas, los chilenos tendrán en esta primera vuelta varias opciones a izquierda y derecha, aunque las mejor perfiladas en los sondeos son las de Kast y Boric, dos fieles representantes de distintas generaciones y, sobre todo, de formas muy diversas de leer el pasado reciente de su país. En la campaña han predominado como asuntos la economía, el empleo y la descentralización política del país.
Kast es un exdiputado nacional de la coalición que dominó la centroderecha en las últimas décadas, como parte de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI). Después se escindió y fue candidato presidencial en 2017 (7,9%). Hijo de un militar alemán y hermano de un ministro de Pinochet, Kast propone bajar impuestos, despedir 30 mil empleados públicos, indultar a los represores de la dictadura, cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos y cavar zanjas para contener el ingreso de inmigrantes venezolanos en el norte del país. “Una derecha sin complejos”, dice.
El candidato de Republicanos, quien no necesitó dirimir su candidatura en primarias,
tiene previsiblemente más apoyos entre los votantes mayores de 50 años, pero a su vez recoge adhesiones entre sectores sociales bajos y medios, según sus propios rivales de centroderecha, atraídos por un mensaje que enfrenta el “desorden” y la “inseguridad” pública atribuidos a la izquierda. Kast hace una defensa a rajatabla de la propiedad privada y promueve la represión armada del movimiento mapuche.
Por derecha, Kast competirá con Sichel (de la coalición de partidos oficialistas Chile Vamos), una parte de cuyos votos ha ido absorbiendo rápidamente según las encuestas. Este exministro de Desarrollo Social, de origen democristiano y que ganó la candidatura en la alianza gubernamental como independiente moderado, aboga por formar una coalición centrista que devuelva gobernabilidad al país, aunque coincide con Kast en reivindicar el sistema privado de pensiones.
La principal competencia de Kast será el diputado Boric, quien ganó la candidatura de Apruebo Dignidad -integrada por el izquierdista Frente Amplio (2017), el Partido Comunista y los Verdes- desplazando al favorito Daniel Jadue con un discurso nutrido de las demandas del estallido social, aunque pragmático para atraer a dirigentes de la ex Concertación y hasta crítico de gobiernos como el de Cuba.
La candidatura de Boric, como ha ocurrido con Kast en el otro extremo, parece absorber los votos de centroizquierda que le fueron fieles a la antigua Concertación de socialistas, democristianos y progresistas que llevaron dos veces a Michelle Bachelet a la presidencia (2006-2010 y 2014-2018).
Boric, con más votos entre jóvenes de hasta 30 años y urbanos, razona que así como Chile fue “la cuna del neoliberalismo, también será su tumba”. Propone elevar la presión fiscal del 21% al 29,5% del PIB hasta 2030 (la media OCDE es del 34%), transitar hacia un régimen estatal de pensiones y encarar reformas progresistas en salud y educación, además de descentralizar la administración del país para darle mucho más poder de gestión a los gobiernos regionales.
Otra opción progresista es la democristiana Provoste, exministra de Planificación y de Educación, actual presidenta del Senado chileno, candidata por el Nuevo Pacto Social que aglutina a las fuerzas de la ex Concertación y única mujer en la carrera por la presidencia. Esta docente diaguita, que tomó notoriedad en las negociaciones con el gobierno durante los últimos tiempos de crisis, se impuso en su alianza con una propuesta muy progresista para su propio partido, centrada en la garantía de los derechos sociales y coincidente con Boric sobre la reforma de las AFP privadas.
Publicado el 17/11/2021