Mientras el mundo trata de hacer frente a los desafíos del 2020, en primer lugar la pandemia de COVID-19, se acelera el debate sobre la utilización a largo plazo de los recursos disponibles fuera de un planeta amenazado y exhausto.
Medio siglo después de la histórica llegada del hombre a la Luna (1969), la carrera tecnológica estatal y privada que le siguió ha vuelto cada vez menos utópica una futura colonización del espacio ultraterrestre, cuyas proyecciones geopolíticas y económicas, por más lejanas que parezcan hoy, ya desataron una puja de fondo entre las grandes potencias.
Los tratados internacionales vigentes, en principio, impiden el ejercicio de soberanía sobre el espacio ultraterrestre, pero los Estados y los privados concentran su mirada en lo que los convenios no excluyen expresamente: la propiedad privada, una puerta abierta a la explotación de recursos de gran valor en nuestro planeta. Quien gane la carrera puede, en el futuro, establecer las relaciones de fuerza globales.
Hoy, el espacio ultraterrestre reviste gran importancia para la humanidad en un sinfín de aspectos, como la vigilancia del medio ambiente, las comunicaciones, Internet, la meteorología, la navegación, la exploración científica y, muy importante, la vigilancia de la "meteorología espacial" (incluida la actividad desde el Sol).
Con el lanzamiento al espacio del Sputnik I soviético, en lo que Hannah Arendt definió como un “acontecimiento, que no le va a la zaga a ningún otro, ni siquiera a la descomposición del átomo”, 1957 se transformó en el punto de partida de la carrera por la conquista del espacio, con las superpotencias de entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética, a la vanguardia.
Frente al temor de que el espacio ultraterrestre se transformara en un nuevo campo de pruebas con fines no pacíficos, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 14 de noviembre de 1957 la resolución 1148 (XII), en la que propuso crear un sistema para controlar el uso de objetos lanzados al espacio con fines militares.
Así, en 1959, en la ONU, se creó la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS, por su siglas en inglés), cuya misión es estudiar, además, las actividades relacionadas con el espacio que podría realizar la ONU, alentar los programas de investigación espacial y estudiar los problemas jurídicos derivados de la exploración del espacio ultraterrestre.
Los avances de la tecnología espacial y los programas espaciales evolucionan constantemente, así que la cooperación internacional en materia de exploración espacial y la utilización de las aplicaciones de la tecnología espacial se examinan todos los años en la Comisión, la cuál cuenta con 95 Estados miembros.
Exploración, utilización y no apropiación
Los principios principios fundamentales de toda la actividad espacial quedaron plasmados en el “Tratado sobre los Principios que Deben Regir las Actividades de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes” o “Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre”, de 1967.
Este convenio (109 Estados partes, entre ellos Estados Unidos y Rusia) restringe el emplazamiento de armas nucleares en la órbita terrestre y en los cuerpos celestes prohíbe expresamente las reivindicaciones de soberanía en el espacio ultraterrestre, incluidos la Luna, los planetas y los asteroides.
En cambio, el Tratado establece que la exploración y utilización del espacio, así como de la Luna y de otros cuerpos celestes, estarán abiertas sin discriminación a todos los Estados, aunque en provecho y en interés de todos los países y que incumben a toda la humanidad.
Le siguieron cuatro convenios, el último el “Tratado de la Luna” de 1979, motivado por la hazaña de Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins y el más controversial por instaurar un régimen internacional para la explotación de los recursos Lunares. Hoy tiene 18 Estados parte, lo que demuestra la intención de gran parte de la humanidad sobre las actividades en el espacio ultraterrestre.
Este marco legal exige actividades espaciales "en beneficio e interés de todos los países", pero la situación de los recursos sigue siendo incierta y controvertida, en especial respecto de soberanía y derechos de explotación. Si bien el Tratado sobre el espacio ultraterrestre claramente descarta la soberanía sobre estos espacios, este no excluye expresamente la propiedad privada.
A efectos prácticos, es posible realizar un paralelismo entre la Antártida y el espacio ultraterrestre sobre el uso con fines pacíficos y en pos de la investigación científica. Ambos son espacios donde, por vía de tratados, ningún estado ejerce soberanía efectiva; hay minerales importantes; y tienen un valor estratégico importante tanto para los Estados como para los agentes no estatales.
De igual forma, la presión sobre estos espacios “sin dueño” (Espacio) y con pretensiones soberanas congeladas (Antártida), ha ido aumentando con el tiempo, no sólo porque son cada vez más accesibles, sino también porque crecen las proyecciones sobre su explotación comercial. La Antártida contiene el 68% del agua dulce de la Tierra, tiene minerales y es un foco de interés cada vez mayor para las empresas de bioprospección. El espacio ultraterrestre, además de minerales, tiene un enorme potencial comercial, estratégico y político.
Un gran salto
Es una realidad que el uso del espacio ha cambiado de forma dramática y rápida desde la firma del “Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre”. En la actualidad hay más de 2200 satélites en órbita, con cada vez más propietarios. Hay "mini-satélites" listos para ser desplegados en el espacio de forma independiente o en "enjambres".
Esto cambia la ecuación costo-beneficio de la propiedad y el uso en sí de lo satélites: los propietarios ya no son tanto Estados, ejércitos u organizaciones internacionales, sino empresas privadas.
La aparición de la minería de asteroides ha despertado un enorme interés en el sector comercial de varios Estados. Los asteroides contienen una amplia gama de metales y minerales, algunos más prometedores y más cerca de la Tierra que otros. Varias empresas en todo el mundo se crearon y registraron para iniciar la explotación de asteroides en busca de metales preciosos (como el platino) y compuestos (como los minerales de tierras raras).
En 2019, la nave espacial japonesa Hayabusa-2 recogió con éxito muestras de roca del asteroide Ryugu, a unos 300 millones de kilómetros de la Tierra. Pero todavía la extracción de recursos en cantidades suficientes como para mantener una base Lunar, por ejemplo, está muy lejos, y la transformación de esos recursos en sustancias útiles, como el combustible, todavía más.
Los desafíos tecnológicos son inmensos, pero no han impedido que las pequeñas empresas y compañías de alta tecnología se dediquen a todo tipo de actividades, desde minería de asteroides hasta plantas de procesamiento de combustible Lunar.
Sin embargo, dada la escala de la inversión requerida, estas compañías necesitan garantías legales para proteger su inversión. En línea con ese requisito, en 2015 y 2017, respectivamente, el congreso de Estados Unidos y el parlamento de Luxemburgo aprobaron sendos proyectos de leyes por las que se conceden derechos de propiedad sobre los recursos del espacio ultraterrestre.
Aunque se estima que la extracción robotizada de metales preciosos, tierras raras y otras materias primas en la Luna o en asteroides cercanos a la Tierra está por lo menos a 20 ó 25 años de distancia, ya se desarrolla a buen ritmo una economía de recursos espaciales. Hay mucho en juego: la extracción de unos pocos asteroides grandes puede cambiar las condiciones del mercado mundial de algunas materias primas cruciales.
Los acuerdos Artemis
La extracción de recursos de la Luna y otros cuerpos celestes -para obtener metales preciosos de asteroides, recolectar helio-3 del polvo Lunar o usar hielo en la Luna para establecer una base allí- se describe como una potencial y nueva fiebre del oro que transformaría la economía mundial.
Un asteroide de 25 metros de ancho podría contener 33.000 toneladas de material extraíble, con 50 millones de dólares en platino. Por ejemplo, el asteroide 1986 DA de 3 kilómetros de diámetro podría valer 7 billones de dólares. Pero su explotación requeriría una inversión masiva en nueva tecnología y garantías de que lo explotado será de la propiedad de quien realice el trabajo.
La actividad espacial comercial mundial genera ingresos anuales por uno 330.000 millones de dólares. Las recientes valoraciones de compañías espaciales innovadoras como SpaceX (33.000 millones de dólares), Orbital ATK (7.800 millones de dólares) y docenas de pequeñas empresas de nueva creación (que recibirán miles de millones de dólares de financiación) sugieren que el mercado es optimista sobre lo que viene. Los éxitos de estas empresas, como el lanzamiento y retorno del cohete “Falcon Heavy” de SpaceX, han generado una nueva oleada de interés y entusiasmo entre futuros inversores privados.
En abril pasado, al cabo de tres años de trabajo y previa creación de una Fuerza Espacial estadounidense que se agregó a las tradicionales, el presidente Donald J. Trump ordenó por decreto fomentar el apoyo internacional a la legalidad de la minería en la Luna y los asteroides. “El espacio ultraterrestre es un dominio jurídico y físicamente único de la actividad humana, y los Estados Unidos no lo ven como un bien común", según Washington.
La Administración Trump ha estado preparando cautelosamente una serie de acuerdos internacionales denominados “Artemis” (como el nuevo programa lunar de la NASA. con una inversión de 35.000 millones de dólares en 2020-2024). Estos acuerdos buscan aliados para el plan de la agencia de colocar humanos y estaciones espaciales en la Luna durante la próxima década, con una "presencia sostenible" en el polo sur Lunar y empresas privadas que exploten las rocas lunares y el agua subterránea, potencial combustible para cohetes.
Los acuerdos de Artemis proponen establecer "zonas de seguridad" alrededor de las futuras bases lunares para evitar daños o interferencias de países o empresas rivales y proporcionar un marco jurídico acorde con el derecho internacional para que las empresas sean propietarias de los recursos que extraen.
Por ahora, el Tratado del sobre el Espacio Ultraterrestre establece que los cuerpos celestes y la Luna "no están sujetos a apropiación nacional por reivindicación de soberanía, por medio de uso u ocupación, o por cualquier otro medio".
Frente a este corsé jurídico, objeto de numerosas críticas e interpretaciones, algunos gobiernos consideran la idea de crear "zonas de seguridad" como un elemento que permitiría la coordinación entre los actores espaciales sin reivindicar técnicamente el territorio como soberano. Así, Estados y empresas podrían construir asentamientos y operaciones comerciales en todo el sistema solar.
Por ahora, por razones de rivalidad geopolítica ni Rusia -uno de los principales socios de la NASA en la Estación Espacial Internacional- ni China serán parte de los acuerdos Artemis.
Mientras tanto, China completó en mayo con éxito el vuelo inaugural de su cohete portador más potente (el Chang Zheng 5B) y tiene sus propios planes para construir una estación de investigación científica en el polo sur de la Luna, explorar la Luna en una década y establecer una “zona económica espacial” Tierra-Luna en 2050.