Las elecciones del 7 de noviembre se han convertido en las más cuestionadas de la nueva era democrática nicaragüense desde la Revolución Sandinista. Daniel Ortega, el mismo que lideró aquél cambio histórico en 1979, encara ahora una tercera reelección como presidente con los principales candidatos opositores proscritos, un clima social adverso y un amplio rechazo internacional.
Más de 4,4 millones de nicaragüenses podrán votar este 7 de noviembre en los comicios más cuestionados desde la revolución que terminó con la dictadura somocista en 1979 y que lideró entonces el actual presidente, Daniel Ortega (75), cuyo intento de tercera reelección consecutiva ha sido impugnado dentro y fuera del país con denuncias de falta de garantías mínimas en el proceso electoral.
Ortega, líder de la Revolución Sandinista tras la cual ejerció el primero de sus cuatro mandatos (1979-85), encara ahora otro proyecto reeleccionista en un contexto de descontento social persistente desde las protestas de 2018, de crisis económica agravada por la pandemia y, sobre todo, de proscripción de la oposición, a través de arrestos de precandidatos presidenciales y dirigentes políticos y empresariales.
Una resolución del Consejo de DDHH de la ONU, de marzo pasado, expresó su preocupación por informes sobre violaciones y abusos graves contra los derechos humanos desde abril de 2018 en Nicaragua, con el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas sociales, actos de violencia cometidos por grupos paramilitares, continuos arrestos ilegales y detenciones arbitrarias.
En particular, Estados Unidos consideró el gobierno de Ortega una “autocracia” y quitó sus visas a un centenar de legisladores, fiscales y jueces nicaragüenses. Se sumó en esa línea la Unión Europea (UE), que denunció una “dictadura” en Managua y renovó sus sanciones a figuras oficialistas y entidades hasta 2022. El Índice de Democracia elaborado por The Economist registra un deterioro sostenido de la calidad democrática desde 2008 (puesto #120 sobre 167 países analizados).
En América Latina, la mayoría de los países -salvo Argentina, México y Bolivia- apoyó dos resoluciones de condena al arresto de opositores emitidas por la OEA. Casi todos los países expresaron por separado su preocupación por la falta de garantías democráticas. Argentina, por ejemplo, se mostró decidida a denunciar cualquier violación a los derechos humanos en Nicaragua, pero disiente con hacer apreciaciones sobre la legislación electoral que se da el país.
A su turno, el canciller Denis Moncada replicó sobre los cuestionamientos internacionales que el gobierno de Ortega "no va admitir injerencias ni imposiciones, o que nos obliguen a romper nuestro sistema jurídico". A su vez, la Asamblea Nacional impidió la asistencia a los comicios de veedores internacionales.
Junto con la elección de presidente y vice -por la que además de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, competirán otras cinco fórmulas de partidos pequeños habilitados- los nicaragüenses elegirán 90 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua y 20 diputados del Parlamento Centroamericano. El nuevo mandato presidencial comenzará el 10 de enero de 2022.
2018-2021
La suerte política de la cuarta presidencia de Ortega comenzó a quedar echada en 2018, con las protestas de jubilados, jóvenes y opositores que se iniciaron el 18 de abril contra el ajuste del sistema de seguridad social a las que el gobierno le atribuyó intenciones golpistas y cuya represión dejó más de 300 muertos, según organismos independientes de derechos humanos.
Según el ACNUR, dos años después, al menos 100 mil personas se vieron forzadas a huir y buscar asilo fuera de Nicaragua “a causa de la persecución y las violaciones a los derechos humanos reportadas”. La mayoría de los desplazados, unas 77 mil personas, marcharon a Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y países de Europa.
Con las inversiones más bajas de la región, un histórico déficit comercial y una alta dependencia de las remesas de nicaragüenses desde el exterior (14,6% del PIB), la economía de Nicaragua venía creciendo desde 2009, a casi 4% anual, pero en 2018 cayó en picada (-3,4%), una contracción que extendió a 2019 (-3,7%) y continuó con la pandemia en 2020 (-2%), según el Banco Central del país centroamericano.
De acuerdo con las estadísticas disponibles, citadas por la Universidad Johns Hopkins, el país registró más de 15 mil casos de COVID-19 y más de 200 muertes, (el doble según la red de médicos independientes “Observatorio Ciudadano COVID-19”) y por ahora su población con vacunación completa apenas supera el 5%. En ese contexto, tampoco se permitió hacer campaña electoral con actos masivos, una medida que condicionó también a una oposición de por sí debilitada.
El país se recuperó económicamente en el primer semestre de 2021, pero la pobreza se acentúa por la caída de dos fuentes principales de ingresos, los salarios y las empresas familiares, según el Banco Mundial. La pobreza (menos de 3,2 dólares por persona por día) aumentó del 13,5% en 2019 al 14,6% en 2021. El desempleo quedó en 4,6% pero el subempleo alcanza al 44,6%.
Pese a ciertas reformas pro mercado y un orden macroeconómico, Nicaragua tampoco ha conseguido romper durante las últimas décadas su casi total dependencia de las exportaciones de materias primas (café y minerales), que además se ha concentrado casi exclusivamente en Estados Unidos, que antes compartía destinos con Francia, Alemania y Reino Unido.
Opositores, afuera
Desde Ortega inició su ofensiva judicial contra la oposición, fueron arrestados 37 políticos, entre ellos siete precandidatos presidenciales y dos miembros de la influyente dinastía de los Chamorrro, decisiva en la caída del dictador Anastasio Somoza en 1979 y de la que surgió la primera figura opositora al sandinismo en democracia, Violeta Chamorro, quien se convirtió en presidenta (1990-97).
La mayor parte de los dirigentes fue detenida por violar una ley aprobada por la Asamblea Nacional en 2020, sobre "defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz", pero también por “conspiración para cometer menoscabo a la soberanía nacional". Así fueron arrestados y procesados Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Noel José Vidaurre Argüello, Medardo Mairena Sequeira, Miguel Mora Barberena y Juan Sebastián Chamorro.
Otra precandidata, Cristiana Chamorro, una de las principales opositoras y de los primeros candidatos en ser detenidos, fue acusada de presunta "gestión abusiva" y lavado de dinero en una fundación familiar y quedó bajo arresto domiciliario.
Tres semanas antes de las elecciones, fueron detenidos Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vice, respectivamente, del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal patronal del país, investigados por lavado de dinero, bienes y activos, incitar injerencia extranjera y gestionar bloqueos económicos. En 2018, había formado parte del diálogo nacional tras las protestas masivas.
Ortega reaccionó a las sanciones impuestas desde el exterior definiendo a los opositores detenidos como “enemigos de la revolución” y “enemigos del pueblo” funcionales a la “injerencia” de Estados Unidos y Europa. “Esos no merecen respeto alguno. Es un traidor a su familia, un traidor a la patria”, insistió.
Una última opción opositora para desafiar a Ortega en las urnas era la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL), que decidió participar de los comicios aunque varios de sus dirigentes figuraban entre los políticos detenidos. ACxL inscribió una fórmula presidencial encabezada por un exjefe de la “contra” antisandinista de los 80, Oscar Sobalvarro, y a la ex Miss Nicaragua Berenice Quezada, de 27 años, que fue acusada de “provocar y conspirar para cometer actos terroristas”. Un tribunal le terminó quitando la personería jurídica a ACxL, por violaciones a la ley electoral.
Dos semanas antes de los comicios, la Iglesia Católica nicaragüense sentó posición en el debate nacional al reivindicar la democracia como “el fruto de la aceptación convencida de los valores: la dignidad de toda persona, el respeto a los derechos humanos, la búsqueda del bien común como fin y criterio regulador de la vida política" y sostener: "Si no existe un consenso general sobre estos valores, se pierde el significado de la democracia y se compromete su estabilidad".
Finalmente, este 7 de noviembre Ortega competirá por la presidencia nicaragüense por octava vez en su larga trayectoria política, en nombre de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, que lidera el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
En frente, Ortega tendrá como rivales a Marcelo De Jesús Montiel Fernández, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN); Mauricio Orúe Vásquez, del Partido Liberal Independiente (PLI); Walter Espinoza, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC); el pastor Guillermo Osorno, de Camino Cristiano Nicaragüense, y Gerson Gutiérrez Gasparín, de la Alianza por la República (APRE).
Publicado el 02/11/2021.