El 1 de julio de 2018, junto con Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil o Daniel Ortega en Nicaragua, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se sumó al grupo de líderes latinoamericanos que llegaron a la presidencia al presentarse por tercera vez, en esta ocasión en México. Tras construir una narrativa en torno al fraude electoral, articulando un movimiento social que se convertiría en partido político, el político tabasqueño, exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha enarbolado un discurso frontal contra la corrupción, sosteniendo que se trata del principal problema que azota al país. Este discurso, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral (INE), le llevó a obtener el 53,19% del voto, con lo que AMLO se convirtió en el líder más votado en la historia reciente de México. Sumo una ventaja de 31 puntos sobre el segundo candidato, Ricardo Anaya, de la coalición por México al Frente –integrada por el PRD, el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC)–. Este escenario no había sucedido desde 1982, cuando Miguel de la Madrid obtuvo cuatro veces más votos que el siguiente aspirante, en un momento en el que el INE –antes Instituto Federal Electoral (IFE)– no existía y el cómputo de los votos era administrado por la Secretaría de Gobernación, dependiente del poder ejecutivo. Previo a De la Madrid, José López Portillo llegó al cargo en 1976, presentándose como candidato único a la presidencia y ganando con el 91,9% de los votos.
Pese a que AMLO ha dado virajes importantes en su proyecto político y estrategia discursiva, ha mantenido el alegato contra la corrupción como una constante desde la primera vez que se presentó como candidato a la presidencia. Pero a diferencia de los comicios anteriores, en las elecciones del 1 de julio la corrupción, junto con la violencia, fue un tema transversal, presente en la estrategia de campaña de todos los candidatos, incluyendo al del PRI, quien se presentó con un perfil técnico con la intención de minimizar el peso de la corrupción sobre la última administración, fuertemente golpeada por escándalos de corrupción e impunidad.
AMLO aseguró en campaña que su presidencia sería de “dos sexenios en uno”. Esta prisa lo llevó a prometer, en algunos casos, resultados dentro de los primeros 100 días de su gestión. En palabras del intelectual mexicano Daniel Cossío Villegas, con un ritmo y un estilo personal de gobernar distinto a sus antecesores, AMLO y su partido, Morena, han puesto sobre la mesa simultáneamente una multiplicidad de temas, generando gran impacto en la opinión pública. Esta nota resume algunos de ellos.
Corrupción y austeridad
Una de las medidas de mayor impacto implementadas ha sido la lucha contra el “huachicol” (robo de combustible). El actual gobierno respaldó las tesis de la periodista Ana Lilia Pérez, quien documentó en libros como El cártel negro, la red de complicidades hasta el más alto nivel dentro de Petróleos Mexicanos, que multiplicaron la ordeña ilegal y la cantidad de tomas clandestinas de alrededor de 150 bajo el mandato de Vicente Fox (2000-2006), a 12.581 con Enrique Peña Nieto (2012-2018). Una de las tragedias que será recordada tras esta decisión, es la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde más de 130 personas murieron alrededor de una toma clandestina. Y pese a la irritación generada en la opinión pública, principalmente en los estados de la república afectados por el desabasto de gasolina (Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Aguascalientes), esta decisión fortaleció la popularidad del presidente. De acuerdo con la encuesta de Alejandro Moreno para El Financiero, el combate al ‘‘hachicoleo’’ fue la medida más popular del gobierno entrante durante el mes de enero, con 80% de opiniones favorables.
El discurso contra la corrupción estuvo acompañado por uno a favor de la austeridad. Así, una de las primeras medidas tomadas fue proponer una iniciativa para modificar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con el objetivo de garantizar que ningún funcionario perciba un sueldo superior al presidente, aplicable para los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, retirando asimismo la pensión de los expresidentes. Por otro lado, se abrió la que fue la residencia presidencial desde 1935, Los Pinos, convirtiéndola en un complejo cultural; se acabó con el Estado Mayor Presidencial, un cuerpo cívico-militar que contaba con más de 8.000 elementos y un gasto de alrededor de 639 millones de pesos por año (unos 29 millones de euros), y se vendió el avión presidencial, entre otras medidas. Según Consulta Mitofsky, las medidas que han tenido mayor aprobación a lo largo de estos tres meses han sido quitar la pensión a expresidentes (80,7%), bajar el sueldo de todos los funcionarios (68,8%), retirar gastos médicos mayores (76,7%) y desaparecer el Estado Mayor Presidencial (57,5%).
Por otro lado, una de las iniciativas discutidas durante los 100 primeros días fue la de las ‘‘puertas giratorias’’. En México, a casos como los de Luis Tellez Kuenzler –quien fungió como consejero del Fondo Mexicano del Petróleo, pese a formar parte de empresas vinculadas con el sector energético como Sempra Energy o Grupo México–, Felipe Calderón –quien se sumó al consejo de administración de Iberdrola en su filial Avangrid, tras haber sido secretario de energía– o Georgina Kessel –secretaria de energía durante la presidencia de Calderón e igualmente miembro del consejo de administración de Iberdrola–, se suma el de José Antonio Meade. Recientemente, el excandidato por el PRI a la presidencia anunció formar parte del consejo de administración de HSBC, después de haber sido secretario de hacienda con gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) y del PRI. Pese a no ser novedosa, la discusión en torno a las puertas giratorias se ha intensificado, poniendo sobre la mesa qué medidas son necesarias para regular el paso de funcionarios de áreas estratégicas del sector público al sector privado, evitando potenciales conflictos de interés.
Violencia e inseguridad
De forma similar a la estrategia contra el huachicol, la medida anunciada por AMLO de reunirse todos los días con su gabinete de seguridad para ofrecer a continuación una conferencia de prensa matutina, ha tenido una aprobación de alrededor del 72%. Uno de los temas recurrentes en estos ejercicios es la violencia y la inseguridad. De tener un mínimo histórico de alrededor de 8,3 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2007, la violencia letal se ha disparado año tras año tras la llamada ‘‘guerra contra el narcotráfico’’, declarada por el expresidente Felipe Calderón, arrojando un saldo sin precedentes de alrededor de 26 al cierre de 2018. A este saldo de 12 años de guerra hay que añadir la cifra de alrededor de 40.000 desaparecidos, más de 300.000 desplazados (alrededor de 80% de ellos por la violencia), así como una tasa de victimización de alrededor de 80% , de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
La creación de una Guardia Nacional (GN), aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores, y con cero abstenciones y un voto en contra en Diputados, se ubica en este contexto de emergencia nacional. No obstante, la GN regulariza la presencia del ejército en labores de seguridad, pese a que AMLO prometió en campaña devolver el ejército a los cuarteles. Algunas modificaciones realizadas al dictamen inicial fueron una temporalidad de cinco años para que Ejército y Marina continúen realizando labores de seguridad pública, la subordinación a la autoridad civil, así como su uso en casos excepcionales y de forma fiscalizable. Con todo, se trata de una decisión sumamente polémica, no sólo dada la inconsistencia de lo anunciado en campaña, sino por las experiencias previas de violaciones a los derechos humanos y la letalidad del ejército, cuyos mandos al más alto nivel han declarado que realizar labores de seguridad es obligarlos a realizar tareas que no les corresponden.
¿Neoliberalismo o desarrollo estabilizador?
En su discurso de toma de posesión, AMLO dejó clara su postura respecto al modelo económico implementado en el país durante los últimos 30 años. Desde su punto de vista, el modelo neoliberal, impuesto por los gobiernos del PRI y continuado por los gobiernos del PAN, tiene un saldo pendiente con el país y es el causante principal del rezago económico, la violencia y la inseguridad en México. Tras argumentar sobre la necesidad de acabar con este modelo, dejó en claro cuál era su referente: una concepción distinta del Estado, más cercana a la que existió en el país durante el periodo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) (manteniendo, no obstante, algunos elementos de los gobiernos que lo precedieron, como la autonomía del Banco de México).
Este cambio de rumbo está muy vinculado al objetivo más ambicioso de la Cuarta Transformación: un cambio de régimen que apueste por la separación de poder económico y poder político. Es precisamente bajo este cálculo donde se enmarca la polémica decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), fuertemente cuestionada, entre otras cosas, por la forma en que se realizó la consulta para legitimarla –como en diversos proyectos, desde el Tren Maya hasta la refinería de Dos Bocas en Tabasco, sus críticos han denunciado irregularidades en el proceso, así como un porcentaje insuficiente de la lista de electores para llevar a cabo dicho ejercicio–. En un video a través del cual dio a conocer la cancelación, AMLO aparece acompañado de tres símbolos: los héroes nacionales Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y José María Morelos, la bandera nacional y el libro ¿Quién manda aquí? (firmado por Felipe González, Gerson Damiani y José Fernández-Albertos). Este último fue interpretado, en el marco de esta decisión, como un claro mensaje a los intereses creados alrededor de este y otros proyectos: la subordinación del poder económico al poder político. Por consiguiente, esta decisión fue fuertemente criticada por inversionistas y por el millonario mexicano Carlos Slim. Entre las principales críticas, algunos, como Javier Lozano (senador por el PRI), ponen el acento en las irregularidades de la consulta realizada para su cancelación, la pérdida de empleos, inversiones y fuga de capitales; otros, como John Ackerman (investigador de la UNAM y simpatizante de AMLO), en la corrupción y los intereses creados alrededor del proyecto. Finalmente, expertos como Sócrates Silverio (investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo) han advertido sobre los daños ecológicos y la inviabilidad en términos del uso de suelo en el lago de Texcoco.
El retorno de la Doctrina Estrada
Al margen de la discusión sobre la postura del gobierno mexicano en la más reciente crisis venezolana, este acontecimiento ejemplifica un claro viraje en términos de política exterior. La llamada “Doctrina Estrada”, cuyo nombre hace alusión al ministro de relaciones exteriores durante el gobierno de Pascual Ortíz Rubio (1930-1932), Genaro Estrada, implica el regreso a un paradigma de no intervención, presente en México desde la década de 1930 hasta el gobierno de Vicente Fox (2000-2006). La Doctrina Estradacontempla diversos principios rectores en la política exterior del país: la no intervención en asuntos internos de otros países, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias. En términos generales, la Doctrina Estrada se opone a que la legitimidad de un gobernante este dado en términos de su reconocimiento de las autoridades de terceros países.
Este cambio se da después de tres sexenios de mayor posicionamiento respecto de temas internacionales así como de mayor acercamiento a Estados Unidos, iniciado bajo el liderazgo del excanciller Jorge Castañeda Gutman. Fue en este periodo cuando tuvieron lugar incidentes diplomáticos como el ‘‘comes y te vas’’, de Vicente Fox, quien le dijo a Fidel Castro que su presencia en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo representaba ‘‘una buena cantidad de problemas”, o la tensión entre Vicente Fox y Hugo Chávez, quien tildó al primero de ‘‘cachorro del imperio’’, tras su defensa del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), promovido principalmente por EEUU.
Con una evolución de 63 a 67% en la tasa de aprobación, equivalente a dos de cada tres electores, a 100 días de su gestión AMLO se ha convertido en el presidente con mayor respaldo en las últimas tres décadas. Paralelamente, el porcentaje de ciudadanos que consideran que, si hoy hubiese un referéndum, AMLO debería dejar la presidencia, ha disminuido de 36,1 a 33,1%. De los últimos cinco presidentes, solo él y Ernesto Zedillo (1994-2000) han logrado aumentar su popularidad durante este periodo. Sin embargo, este último experimentó un marcado descenso posteriormente. Esto implica una titánica tarea: mantenerse a la altura de las expectativas de millones de mexicanos que han mantenido el respaldo que le dieron en las urnas, contrarrestando el desgaste que todo ejercicio de gobierno conlleva.
Publicado por CRISTIAN MÁRQUEZ ROMO, el 08/03/2019 en ESTUDIOS DE POLÍTICA EXTERIOR