La crisis de la minoría étnica musulmana rohingya en Myanmar, que desde 2017 forzó una dramática migración de cientos de miles de personas y costó la vida a varios miles más, nace de una antigua confrontación religiosa con la mayoría budista local pero involucra aspectos geopolíticos que impiden también una solución pacífica, pese a la intervención de las Naciones Unidas.
Los rohingya son una minoría étnica musulmana apátrida mayoritariamente distribuida en el estado de Rakáin (Rakhine), uno de los 14 distritos de la República de la Unión de Myanmar, donde el 90% de la población es budista.
Desde la independencia de Myanmar en 1948, los sucesivos gobiernos se han opuesto a las reivindicaciones territoriales históricas de los rohingyas y negado su reconocimiento como uno de los grupos étnicos oficiales del país.
Los rohingya fueron descritos por el actual Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, como "uno de los pueblos más discriminados del mundo, si no el más".
El actual gobierno de Myanmar se niega a conceder la ciudadanía myanma a los rohingya y, como resultado, la mayoría de ellos carecen de documentación legal.
En 2014 el gobierno myanma realizó un censo nacional respaldado por la ONU, el primero en 30 años. Inicialmente se permitió la identificación de los rohingyas como tales, pero los nacionalistas budistas amenazaron con boicotear el censo y los rohingyas sólo pudieron registrarse como originarios de la vecina Bangladesh.
Génesis del conflicto
Durante el Siglo XIX, gran cantidad de musulmanes de India y Bangladesh fueron movilizados a Myanmar para trabajar para la administración colonial británica. El desplazamiento duplicó la comunidad musulmana en un lapso de 50 años y avivó la animosidad de la población local budista (90%) hacia los musulmanes (4%).
La II Guerra Mundial exacerbó esta situación. Los musulmanes apoyaron a los británicos, mientras que muchos budistas apoyaron a los japoneses cuando en su expansión bélica invadieron casi toda la antigua Birmania (hoy Myanmar).
En el periodo posterior a la independencia de Myanmar (1948), muchos grupos étnicos exigieron la federalización del país, mientras los rohingyas abogaban por la unificación con el entonces Pakistán Oriental, actual Bangladesh.
Entre 1948 y 1962 los musulmanes fueron parte de los gobierno del entonces primer ministro U Nu. Sin embargo, la situación de los rohingya empeoró tras el golpe militar de 1962, que los consideró extranjeros.
En 1982, la junta militar promulgó una nueva ley que otorgó la ciudadanía plena a 135 grupos étnicos, pero excluyó a los rohingya, que perdieron legalmente su ciudadanía y se volvieron apátridas de la noche a la mañana.
El gobierno de Myanmar ha institucionalizado la discriminación contra los rohingya mediante restricciones al matrimonio, el empleo, la educación, la elección religiosa y la libertad de circulación.
Crisis humanitaria
Con la independencia de Bangladesh (1971), país de mayoría musulmana que limita con el estado de Rakáin, el gobierno de Myanmar temió un avance de los rohingya. Así, en 1977 comenzó los preparativos para registrar a los ciudadanos de Rakáin y expulsar a los llamados "extranjeros" de la zona. En poco más de tres meses, entre 200.000 y 250.000 rohingya huyeron a Bangladesh.
Desde entonces, más de un millón de refugiados rohingya han huido de la violencia en Myanmar en sucesivas oleadas de desplazamientos.
El conflicto se intensificó en 2012, cuando estallaron las tensiones entre budistas y musulmanes, exacerbadas por la pobreza, la falta de empleo y la mala infraestructura local (Rakáin es el estado menos desarrollado de Myanmar, con un índice de pobreza de 78%, contra el 37,5% del promedio nacional).
En 2012, gobierno declaró el estado de emergencia y permitió a sus militares intervenir. En dos meses, fueron asesinadas 180 personas y cerca de 150.000 desplazadas a otras regiones de Myanmar. La violencia persistió hasta 2016, cuando pese a instalarse el primer gobierno elegido demócraticamente en cuatro décadas, el Ejército forzó la huida de más de 25 mil rohingyas a Bangladesh.
En agosto de 2017, un grupo militante rohingya atacó puestos de la policía y del ejército. El gobierno la declaró “organización terrorista” e inició una campaña militar que destruyó cientos de aldeas rohingyas, costó la vida de 6.700 rohingyas (Médicos Sin Fronteras) y obligó a más de 700.000 a abandonar Myanmar.
La gran mayoría de los refugiados rohingya se asentó en los campos de refugiados de Kutupalong y Nayapara (Bangladesh). Kutupalong ha crecido hasta convertirse en el asentamiento de refugiados más grande del mundo, con más de 600.000 personas viviendo en sólo 13 km2.
Limpieza étnica
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha descrito a la violencia en Myanmar como “limpieza étnica” y la situación humanitaria como “catastrófica”.
En septiembre de 2018, la “Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Myanmar”, creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, publicó un informe en el que se afirmaba que el gobierno de Myanmar tenía una clara "intención genocida" contra los rohingya.
El presidente de la misión, Marzuki Darusman, recomendó que los líderes del Ejército myanma fueran remitidos a la Corte Penal Internacional (CPI) por genocidio. El gobierno niega una limpieza étnica y acusa a los críticos de alimentar el resentimiento entre los budistas y los musulmanes del país.
El factor geopolítico
Es esencial para la crisis de los rohingyas comprender la importancia geopolítica que tiene Myanmar para China. Ambos países comparten cerca de unos 2.200 km de frontera y un comercio bilateral de 13.540 millones de dólares.
En el marco de la iniciativa china La Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), Myanmar es un socio esencial en la región. La construcción del oleoducto que atraviesa a Myanmar permite a China evitar el estrecho de Malaca donde el 80% de los recursos petroleros de China se importaban a través del mismo.
El estrecho de Malaca es la ruta marítima más transitada de la tierra: por allí circula el 40% del comercio mundial. Este paso entre el Pacífico y el Índico obliga a China a utilizar la vía que cruza los países del Mar del Sur de China (Malasia, Vietnam, Filipinas) con los que persisten tensiones por las pretensiones territoriales chinas en dichas aguas.
La India también tiene importantes intereses geopolíticos y de seguridad en Myanmar, conectado con los estados de Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram y Manipur. Myanmar está en el corazón de la política de “Act East” del gobierno de Modi por la cual Nueva Delhi quiere aumentar la presencia de la India desarrollando proyectos de infraestructura y conectividad en la región.
Los intereses de estas potencias eludieron presionar a Myanmar y evitaron que el Consejo de Seguridad de la ONU impusiera un embargo de armas y otras sanciones, lo que motivó un documento del Secretario General que establece un "fracaso sistémico" de los órganos de la organización para frenar la violencia.
Sin embargo, en noviembre de 2019, la República de Gambia, en nombre de la Organización para la Cooperación Islámica, compuesta por 57 países, presentó una demanda contra Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y lo acusó de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
La CIJ, de forma unánime, impuso en enero de 2020 la aplicación de medidas provisionales para proteger a los rohingya y para preservar las pruebas de un posible genocidio hasta el dictado de una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.