Los colombianos protagonizan este 29 de mayo la primera vuelta de una elección presidencial clave para América Latina, con la participación de seis candidatos y la posibilidad cierta de que Gustavo Petro lleve al progresismo al poder, mientras el país transita todavía una transición complicada desde el Acuerdo de Paz de 2016. La campaña terminó entre denuncias de un intento por suspender los comicios.
El candidato Gustavo Petro, del Pacto Histórico, con su vice Francia Márquez.
Casi 39 millones de colombianos están convocados a votar este 29 de mayo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del país sudamericano, en las que el progresista Gustavo Petro (62, Pacto Histórico) y el conservador Federico Gutiérrez (47, Equipo por Colombia), son los favoritos para pasar al ballottage del 19 de junio.
Los comicios en Colombia, precedidos este año por los de Costa Rica, donde en abril pasado se impuso el liberal Rodrigo Chaves, y preludio de las que enfrentarán en octubre en Brasil al presidente Jair Bolsonaro con su antecesor Lula Da Silva (2003-2010), son claves en un tablero regional que empezó a cambiar en 2021 con la llegada al poder de los izquierdistas Pedro Castillo (Perú) y Gabriel Boric (Chile).
En marzo, cuando se eligieron los candidatos presidenciales en primarias, también se renovó el Congreso. El progresismo anticipó entonces su potencial electoral (4,4 millones de votos) bajo el liderazgo de Petro, miembro de la guerrilla M-19 hasta 1990, luego elegido diputado y dos veces senador, exalcalde de Bogotá (2014-15) y candidato presidencial en 2010 y 2018, con el que la izquierda puede ahora, con posibilidades ciertas, llegar por primera vez al poder en Colombia.
El Pacto Histórico obtuvo 16 bancas en el Senado de 102, contra 16 y 15 de los tradicionales Partido Conservador y Liberal, respectivamente. En la Cámara de Representantes, el Pacto Histórico logró 25 de 171 escaños.
Petro consideró esa elección “el mejor resultado del progresismo en la historia de Colombia", en la confrontación con las listas del derechista Centro Democrático, respaldadas por el actual presidente Iván Duque y su antecesor y valedor Álvaro Uribe (2002-2010), que pasaron de 2,3 millones de votos en 2018 a 1,6 millones.
En las primarias, a Petro lo siguió en votos el conservador “Fico” Gutiérrez, un exalcalde de Medellín (2016-20) de origen liberal que creó su propio partido en 2015 (Creemos Colombia). El uribismo retiró el candidato del Centro Democrático (tercero en las primarias) para apoyar a Gutiérrez y bloquear un triunfo de Petro.
El candidato sorpresa es el derechista exalcalde de Bucaramanga (2016-19) Rodolfo Hernández, un excéntrico empresario de la construcción de 77 años que se hizo rico financiando vivienda social, se reivindica como “outsider” del sistema político y ahora pelea el segundo lugar con Gutiérrez en las últimas encuestas.
Completan la lista de postulantes el exalcalde de Medellín (2004-08) y exgobernador de Antioquia (2012-15) Sergio Fajardo (65, Centro Esperanza), cuya candidatura moderada perdió el impulso inicial, el pastor y senador John Rodríguez (52) y el abogado Enrique Gómez (53).
La campaña presidencial, dominada por cuestiones económicas y sociales, tuvo como telón de fondo la violencia política que ha persistido durante los últimos seis años desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016, que sólo logró desmovilizar a una parte de las guerrillas. Al menos 331 excombatientes fueron asesinados, 20 de ellos en 2022, según el Consejo Nacional de Reincorporación.
Días antes de la primera vuelta, Petro alertó sobre la posibilidad de un intento de “un golpe a las elecciones” a través de la suspensión de los órganos de control, para impedir un triunfo del progresismo y convocó a los candidatos opositores a unirse detrás de la supuesta maniobra. Hernández consideró “irresponsable” la denuncia de Petro, mientras Gutiérrez la rechazó de plano.
Violencias
El candidato Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia.
Colombia celebró en 2016 la firma del Acuerdo de Paz que se propuso cerrar el Conflicto Armado Interno entre las fuerzas armadas regulares -apoyada por grupos paramilitares- y organizaciones guerrilleras de izquierda, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Este conflicto, precedido a su vez por el ciclo político conocido como La Violencia (1925-1958), que enfrentó a los tradicionales partidos Liberal y Conservador, había dejado hasta 2018 unos 263 mil muertos, ocho de cada diez civiles, según el Centro de Memoria Histórica. También se reportaron más de 80 mil desaparecidos, 37 mil víctimas de secuestros, más de 15 mil víctimas de violencia sexual y 17.894 niños, niñas y adolescentes reclutados por la guerrilla.
Pese a la desmovilización del grueso de las FARC, que Estados Unidos dejó de considerar organización terrorista este año, los acuerdos son desconocidos por las Disidencias de las FARC, por el ELN (que declaró cese del fuego indefinido para estos comicios) y por grupos de paramilitares que disputan territorios entre sí y con el Ejército en zonas en las que campean el tráfico de drogas y la minería ilegal.
En plena campaña electoral, además, la extradición a Estados Unidos de Dairo Úsuga David, “Otoniel”, líder del Clan del Golfo de paramilitares y narcotraficantes, fue resistida por un “paro armado” en Antioquia, que dejó varios muertos, ataques a instalaciones públicas y cortes de carretera locales. El presidente Iván Duque comparó la captura de Otoniel en 2021 con la caída de Pablo Escobar.
La violencia estrictamente política en el país sigue cobrándose vidas y sólo en lo que va del año fueron asesinados también más de una treintena de líderes sociales, según el Instituto Indepaz. Según la Cruz Roja, el número de desplazados internos, heridos o muertos alcanzó su nivel más alto en cinco años, más de 50 mil en 2021.
“En la campaña de 2018 teníamos mucha más ilusión popular por la paz. Hoy lo que tenemos en el país es una situación más peligrosa, con mucha indignación de la población, una sensación diferente a la de hace cuatro años (...) El país necesita mucho diálogo social: está en guerra, está polarizado, los puentes de comunicación están prácticamente destruidos”, declaró Petro.
El candidato Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernadores Anticorrupción.
El Pacto Histórico impulsa ahora un “proceso de paz integral”. “Se reconocerán los protocolos que el gobierno (de Juan Manuel) Santos firmó con los Estados garantes de la Paz. Iniciaremos el proceso de paz integral con todos los actores de la violencia y propondremos un gran Pacto de la sociedad para la convivencia”.
El candidato progresista, quien alteró su agenda de campaña por amenazas de muerte que asoció con traficantes de droga, aspira sin embargo a incluir a los paramilitares que combatieron a las guerrillas, aliados muchas veces con cárteles de narcotraficantes: “Los paracos, que vengan aquí, porque tendrán una segunda oportunidad; como en todas las sociedades, deben tener una segunda oportunidad”.
Su principal rival, el exalcalde de Medellín “Fico” Gutiérrez, prometió hacer cumplir los acuerdos de paz, que él mismo apoyó contrariando el liderazgo partidario del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), pero “también -dijo- voy a hacer que las FARC cumplan, porque no le han cumplido a Colombia” y pidió al ELN que mantenga el cese del fuego para “dialogar hacia dónde va Colombia”.
Con todo, diversos estudios demoscópicos concluyen que este año se habló del conflicto en redes sociales cuatro veces menos que en la campaña presidencial de 2018, apenas firmados los acuerdos, y que menos dos noticias electorales de cada diez se vincularon con el asunto.
También el derechista Hernández, a quien la guerrilla del ELN le secuestró y asesinó una hija en 2004, se mostró favorable al cumplimiento del Acuerdo de Paz y a su ampliación a los rebeldes que todavía lo desconocen, aunque como un mero trámite político administrativo, sin necesidad de "nuevas mesas de negociación que impliquen interminables conversaciones".
La economía
En abril pasado, la CEPAL rebajó en un punto, hasta 3,3%, las previsiones de crecimiento para las economías de América Latina y el Caribe debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y agravado por una mayor inflación y una lenta recuperación del empleo.
En ese contexto, el organismo regional proyectó 4,8% de expansión para Colombia, cuya economía en 2021 había crecido al ritmo más rápido en más de un siglo (10,6%), por el control del COVID19 y el aumento del petróleo, el carbón y el café. La producción volvió entonces a los niveles pre pandemia, aunque con una inflación de casi 10%, el doble del objetivo establecido por el Banco Central, y un desempleo de 12,1% (2,9 millones), que es mayor aún entre los jóvenes (14%).
Los colombianos votarán con el recuerdo fresco del Paro Nacional de 2021, casi dos meses de protestas (más de 40 muertos y pérdidas estimadas oficialmente en unos 3 mil millones de dólares) entre abril y junio que obligaron al gobierno de Duque a dar marcha atrás y a desplazar al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
En 2018, Petro había definido como un problema central de Colombia “que no se ha desarrollado el capitalismo… lo que proponemos -dijo entonces- es el desarrollo de un capitalismo democrático”. “He sido de izquierda y no me arrepiento. Pero no propongo un programa de izquierda. No propongo un programa socialista”, enfatizó.
Cuatro años más tarde, el candidato del Pacto Histórico se reafirma e insiste en “cambiar el modelo económico", en lo que incluye una reforma del Banco Central, al que considera actualmente dependiente de las élites y al que propone sumar la representación de organizaciones económicas diversas del sistema productivo, además de las estrictamente financieras.
En uno de los debates electorales, Petro acusó al presidente Duque de "hacer trizas la paz" durante su gobierno y, con ello, destruir “las posibilidades del turismo, la economía nacional y el empleo”. El cambio que impulsa Pacto Histórico consiste en “pasar de una economía extractivista, que ha dejado a Colombia arruinada, a una economía productiva que desarrolle agricultura, industria y turismo".
En contraste, el conservador Gutiérrez -segundo favorito en las encuestas- rechaza las propuestas de intervención del Estado en la economía colombiana y antepone la necesidad de una reforma tributaria, alentar al sector de la construcción, para darle mayor competitividad y mejorar la infraestructura.
Gutiérrez propone generar el empleo que falta en Colombia con un impulso a la construcción de obras públicas, como la costosa red de 5G, y de al menos un millón viviendas de interés social en zonas urbanas y rurales, complementado por 200 mil alquileres para familias muy pobres (la pobreza en el país, medida oficialmente de manera multidimensional, llega al 16%, aunque en zonas rurales es el doble).
Por su parte, su rival directo Hernández atrajo al electorado con propuestas como bajar el IVA del 19% al 10%, reducir la cantidad de empleados del Estado nacional y eliminar impuestos, a la vez que subsidiar a sectores pobres.
Publicado el 24/05/2022