Con el Congreso ya renovado, y equilibrado entre progresistas y conservadores, los chilenos acuden al ballottage de este 19 de diciembre para elegir presidente entre dos opciones todavía más polarizadas, que reflejan la tensión creada en el país entre las demandas de cambio y restauración al cabo de 30 años de democracia.
El ultraderechista Juan José Kast (55, Frente Social Cristiano) y el izquierdista Alejandro Boric (35, Apruebo Dignidad) se disputarán la presidencia de Chile este 19 de diciembre en un ballottage que cerrará una fase más del histórico ciclo político que arrancó con el estallido social de 2019 y que todavía sigue en desarrollo.
En la primera vuelta, el 21 de noviembre, Kast se impuso a Boric por 27,9% a 25,7%, lo que ha obligado a los dos candidatos a captar votos hacia el centro, empezando por los más moderados que sustentaron las coaliciones de centroizquierda y centroderecha que gobernaron el país desde 1991, pero también por muchos ciudadanos menos politizados y de baja participación electoral.
El riesgo, para ambos, es perder su base más fiel por contentar al resto. En campaña para el ballottage, Kast modificó su programa: dio marcha atrás en la eliminación del Ministerio de la Mujer y del Instituto Nacional de Derechos Humanos y reconoció la existencia del cambio climático. Boric, a su vez, respaldó la sanción a manifestantes violentos y rechazó nuevos retiros de fondos de pensión privados.
A su vez, el candidato populista independiente Franco Parisi (54, Partido De la Gente), se volvió un actor clave tras obtener un sorprendente 13%, casi un millón de votos, haciendo campaña virtual desde el exterior y captando un electorado variado y pero movido básicamente por su disconformidad con el status quo político, más que por su propia ubicación en el esquema económico de las últimas décadas.
Por fin, será decisivo el nivel de participación de los 15 millones de chilenos convocados a esta segunda vuelta. La concurrencia a las urnas viene cayendo en picada en las últimas dos décadas hasta perforar el piso del 50%, incluso en los comicios de los que surgió la Convención que redacta una nueva Constitución que reemplace a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-91).
Las últimas encuestas coinciden en darle favoritismo a Boric, pero los pronósticos quedan muy relativizados después de los resultados de la primera vuelta, que ni preveían el cómodo primer lugar de Kast ni la irrupción del populista Parisi. En este contexto, los últimos días -hasta horas- pueden ser determinantes en el resultado.
El nuevo presidente asumirá el 11 de marzo de 2022 en reemplazo del derechista Sebastián Piñera (semanas atrás fue absuelto en juicio político por la venta de una minera en 2010). Sin embargo, la Convención Constitucional (de mayoría progresista) tiene facultades para alterar el período presidencial en el texto de carta magna que redacta, que tendrá que ser legitimado en un referéndum.
En la primera vuelta, se conformó un Congreso Nacional muy dividido y sin una mayoría de tres quintos para definir cuestiones de fondo. El actual oficialismo derechista y el nuevo bloque de Kast sumarán 68 bancas, contra 79 de las fuerzas progresistas, con 6 de Parisi y 2 independientes. En el Senado, la izquierda y centroizquierda tendrán 18 bancas, pero la centroderecha y derecha sumarán 25.
La elección en mayo pasado de los 155 miembros de la Convención Constitucional reflejó un primer nuevo mapa electoral post estallido social, con predominio de independientes de izquierda y fuerzas de centroizquierda. Esa tendencia se confirmó en los comicios locales y regionales de mayo, pero cambió en la primera vuelta que dejó conformado un nuevo Congreso.
La campaña mantuvo el clima agitado e incierto de los últimos dos años. Primero, con la conmemoración callejera del segundo aniversario del estallido social, con represión y violencia (dos muertos y cientos de detenidos). En 2019, las protestas dejaron 30 muertos, destrucción de estaciones de metro y edificios públicos.
Luego, se sumó el juicio político a Piñera (el segundo en la historia desde Carlos Ibáñez, en 1956). La oposición no obtuvo los dos tercios necesarios y el presidente resultó absuelto en el Senado (24 a 18), aunque se irá del poder como el mandatario más débil desde Salvador Allende (1970-73).
De fondo, persiste una macroeconomía alterada por la pandemia, con subas del gasto social y medidas como el retiro de aportes individuales a los fondos de pensión privados, inusuales para el modelo capitalista chileno vigente durante 30 años, y tan elogiado por su estabilidad como cuestionado por sus desigualdades. La política exterior ha estado apenas presente en el debate de los candidatos.
Lo viejo y lo nuevo
El final del segundo mandato de Piñera marcará el final de la era política post dictadura en la que dos coaliciones moderadas, por izquierda y derecha, se alternaron en el poder sin alterar las bases del modelo neoliberal heredado del pinochetismo y con pocas reformas sobre su andamiaje constitucional.
Lo que cerró esa etapa histórica del Chile político, sin embargo, fue el radical cuestionamiento de un orden económico y social cuyos resultados en términos de desigualdad alimentaron con los años una olla a presión que detonó con el estallido social de 2019, con la chispa de un simple aumento del boleto del metro.
He aquí el contraste. El PIB por persona casi se triplicó entre 1990 y 2015 (el más alto de América Latina) y la desigualdad de ingresos se redujo y quedó por debajo de la media regional. Sin embargo, más del 80% de los jubilados reciben ingresos inferiores al salario mínimo (400 dólares). La revista The Economist, adalid del liberalismo económico, resume así el Chile de hoy: “Los que están en el poder a menudo parecen despreocupados por el abismo entre los ricos y los pobres”.
La emergencia inducida por la pandemia llevó al Congreso, contra la voluntad del gobierno de Piñera, a tratar de salvar esa grieta echando mano de una de las vacas sagradas del modelo que dio estabilidad económica al país: las pensiones privadas. Se aprobaron tres retiros de 10% cada uno de las cuentas de pensiones para aliviar los bolsillos de trabajadores y aportantes (un cuarto retiro se frustró en el Congreso en vísperas del ballottage, por escaso margen), y las fuerzas de izquierda proponen estatizar el sistema entero. Estos retiros -unos 37 mil millones de dólares en total- dejaron a tres millones de afiliados (casi la mitad) con sus cuentas en cero y reducirá hasta 30% el monto total futuro de las jubilaciones.
La derecha, en consonancia con el empresariado y la banca, advierte que este tipo de reformas mella la credibilidad conquistada por Chile en los últimos 30 años, en los que su economía, sin embargo, no dejó de depender de las exportaciones de cobre (es el principal productor mundial). Por ahora, el país mantiene la calificación crediticia más alta de América Latina y atrae más inversión extranjera directa en relación al PIB que Brasil y México.
El peso chileno fue la tercera moneda que más se devaluó frente al dólar en el año (13,6%) y la inflación, en consonancia con la suba de precios en todo el mundo sin importar la estabilidad de las economías nacionales, alcanzó un récord de 6% anual en octubre. Aún así, se estima que la economía rebotará hasta 11% en 2021.
Pero esa recuperación se verá afectada, según los economistas liberales, cuando medidas como el retiro de pensiones y el aumento del gasto público recorten el crédito a largo plazo que caracterizó a Chile desde los 90. De hecho, desde el estallido social la fuga de capitales superó los USD 50 mil millones y el Banco Central aplicó en octubre la mayor suba de tasas en 20 años (1,50% a 275%).
Piñera destinó casi 10% del PIB (USD 20.000 millones) en ayudas, aunque la menor parte a los más afectados por la crisis. En mayo, anunció la universalización durante un trimestre del Ingreso Familiar de Emergencias, que llegaría a 13,5 de los 19 millones de habitantes con USD 143 mensuales (línea de pobreza).
Tras las elecciones para convencionales, donde los independientes de izquierda y otras opciones menos tradicionales avanzaron cosechando las demandas del estallido social, las elecciones generales ofrecerán un test más concentrado en las propuestas de candidatos sobre cómo conducir el país, básicamente si seguir adelante -y cómo- con los cambios o intentar una marcha atrás difícil de imaginar.
El Centro, clave
En este ballottage, los chilenos tendrán que elegir entre Kast y Boric, dos fieles representantes de distintas generaciones y, sobre todo, de formas muy diversas de leer el pasado reciente de su país. En la campaña han predominado como asuntos la economía, el empleo y la descentralización política del país, con un escenario de fondo de esta disyuntiva central: reforma o restauración.
Kast es un exdiputado nacional de la coalición que dominó la centroderecha en las últimas décadas, como parte de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI). Después se escindió y fue candidato presidencial en 2017 (7,9%). Hijo de un militar alemán y hermano de un ministro de Pinochet, Kast propone bajar impuestos, despedir 30 mil empleados públicos, indultar a los represores de la dictadura, cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos y cavar zanjas para contener el ingreso de inmigrantes venezolanos en el norte del país. “Una derecha sin complejos”, dice.
El candidato de Republicanos, quien no necesitó dirimir su candidatura en primarias,
tiene previsiblemente más apoyos entre los votantes mayores de 50 años, pero a su vez recoge adhesiones entre sectores sociales bajos y medios, según sus propios rivales de centroderecha, atraídos por un mensaje que enfrenta el “desorden” y la “inseguridad” pública atribuidos a la izquierda. Kast hace una defensa a rajatabla de la propiedad privada y promueve la represión armada del movimiento mapuche.
El oficialismo que llevó a Piñera al Poder, hoy bajo el nombre de Chile Podemos, anunció semanas antes del ballottage su apoyo a Kast, a través del excandidato presidencial, el democristiano Sebastián Sichel, y con un plan de siete puntos de coincidencias. Antes, había llegado el respaldo de las fuerzas más derechistas de la coalición, Renovación Nacional y la UDI, partido en el que militó muchos años Kast.
El diputado Boric ganó la candidatura de Apruebo Dignidad -integrada por el izquierdista Frente Amplio (2017), el Partido Comunista y los Verdes- con un discurso nutrido de las demandas del estallido social, aunque pragmático para atraer a dirigentes de la ex Concertación y hasta crítico de gobiernos como el de Cuba. Su candidatura pretende absorber los votos de centroizquierda que le fueron fieles a la antigua Concertación de socialistas, democristianos y progresistas que llevaron dos veces a Michelle Bachelet a la presidencia (2006-2010 y 2014-2018).
Boric, con más votos entre jóvenes de hasta 30 años y urbanos, razona que así como Chile fue “la cuna del neoliberalismo, también será su tumba”. Propone elevar la presión fiscal del 21% al 29,5% del PIB hasta 2030 (la media OCDE es del 34%), transitar hacia un régimen estatal de pensiones y encarar reformas progresistas en salud y educación, además de descentralizar la administración del país para darle mucho más poder de gestión a los gobiernos regionales.
Durante su campaña de ballottage, sin embargo, Boric maniobró para ampliar su base de votos sin perder los que ya recibió. Dio seguridades al Partido Comunista sobre sus planes de reforma y recibió el apoyo de la antigua Concertación de centroizquierda que lideraba Michelle Bachelet, pero también rechazó indultos para condenados por actos violentos durante las protestas callejeras desde 2019 y coincidió con los legisladores que impidieron un cuarto retiro de fondos de pensión.
Como observó en una entrevista el politólogo Juan Pablo Luna, entre los votantes definidos de Boric y de Kast, hay todavía “una ciudadanía quebrada en sus lógicas de acción colectiva, individualista, desorganizada, desapegada, no militante. El Centro es lo que el modelo y sus impulsores (hoy nostálgicos de aquello que creyeron era centro) destruyeron y desarticularon”.
Estas elecciones resultan apenas un paso más en un agitado e inconcluso proceso de transformaciones institucionales que tiene aún por delante la redacción de la nueva Constitución y su aprobación en referéndum en 2022, y que más allá del triunfador del 19 de diciembre mantendrá por un tiempo la incógnita sobre la convivencia de dos proyectos enfrentados de país que deberán articularse o pueden someter al país a un futuro de bloqueos e inestabilidad.
Publicado el 10/12/2021